El pasado 16 de marzo se aprobaba en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, conocida también como Ley de Bienestar Animal.
Un marco normativo que se ha planteado con el objetivo de proteger mejor los animales domésticos, que son básicamente los perros. Principalmente para evitar el maltrato y el abandono. Con la nueva normativa, los perros únicamente pueden ser utilizados en actividades que no conlleven ningún tipo de sufrimiento o ponga en riesgo su salud.
Pero además, otra de las principales novedades de esta ley es el curso de formación que hay que realizar para tener un perro y cuya validez es indefinida. A lo largo de toda la vida del animal, el propietario tendrá que tener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.
Sin embargo, desde el principio, ha sido motivo de diversas polémicas y reticencias, siendo una de las más recurrentes la de la exclusión de los perros de caza y de granja. No obstante, no son los únicos que quedan excluidos de la normativa los animales auxiliares de caza y los utilizados en actividades específicas, como aves de cetrería y perros pastores y de guarda del ganado Así como aquellos usados en actividades profesionales.
¿Qué perros quedan fuera de la Ley de Bienestar Animal?
Los perros que quedan fuera de la Ley de Bienestar Animal son los siguientes:
- Perros usados en actividades concretas deportivas reconocidas por el Consejo Superior de deporte.
- Los perros usados en actividades profesionales, como los que se empelan en intervenciones asistidas, los perros de rescate o los animales de las Fuerzas de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.
- Los perros pastores y de guarda de ganado.
- Los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza. Pero también quedan fuera las aves de cetrería que se usan para esta actividad.
- Los animales de cualquier especie que se usen en la experimentación en laboratorio, aunque deben ser manejados con métodos no agresivos ni violentos que puedan generar sufrimiento, ansiedad o miedo.
¿Cómo afecta la Ley de Bienestar Animal a los perros de caza?
La Ley de Bienestar Animal fue creada con el objetivo de evitar el maltrato y el abandono animal, por lo que en ella se han incluido multas y penas de cárceles mucho más duras por este tipo de delitos. Pero también se prohíbe la cría descontrolada de animales, que se limita únicamente a los criaderos registrados como tales, y la venta y exposición de animales en comercios.
Otro de los puntos más destacados de la nueva normativa es la obligación de identificar a los animales de compañía, la prohibición de sacrificar animales sin que existan razones sanitarias justificadas y la prohibición de dejarlos sin vigilancia mucho tiempo según la especie. Además, queda prohibida la presencia de animales salvajes en los circos, y los delfinarios y zoológicos pasarán a convertirse en centros de recuperación de especies autóctonas, quedando totalmente prohibidas las actividades y espectáculos donde los animales puedan sufrir daños.
No obstante, los perros de caza no estarán incluidos bajo este marco legal. Por ejemplo, podrán pasar más de 24 horas sin vigilancia y se podrán poner mecanismos que impidan su libre movilidad, como estar atados con una cadena, lo que no está permitido para el resto de propietarios de perros, que se enfrentan a multas de 10.000 euros. Los perros de caza o de trabajo pueden vivir solos, pero deberán estar adecuadamente identificados y contar con un refugio.
Por otro lado, hay que destacar que los propietarios de perros de caza no estarán obligados a realizar el curso de formación obligatorio para adquirir otro animal. Y los criadores y cazadores registrados tendrán permiso para criar perros. Además, podrán aplicar los métodos de adiestramiento que crean oportunos, ya que se presume que la función de un perro de caza no es la misma que la de una mascota doméstica.
¿Qué ley regula los derechos de los perros de caza?
Como ya hemos visto, los perros de caza quedan excluidos de la nueva Ley de Bienestar Animal, por lo que quedarían protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondiente y que se aplica al margen de esta normativa.